En su decisión, oficialmente promulgada el 20 de junio, los jueces del TCU declararon que el decreto presidencial no contradice a la Constitución, ya que la misma no define el procedimiento para terminar las actividades de una coalición de facciones parlamentarias, y el reglamento del parlamento no prevé un orden para que se terminen dichas actividades.

El TCU observó que el pueblo es el portador de la soberanía y la única fuente del poder en Ucrania, por lo tanto, la solución del conflicto constitucional mediante la celebración de las elecciones extraordinarias a la Verkhovna Rada cumple con los requisitos del párrafo 2 del artículo 5 de la Constitución de Ucrania.

La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria y no puede ser apelada. 16 jueces del TCU participaron en la votación.

Esta decisión del Tribunal Constitucional de inmediato fue calificada por muchos observadores y analistas ucranianos como más bien política, y no puramente legal. En su opinión, el formato del TCU, así como el mismo resultado de la consideración del caso testimonian el cabildeo de los intereses de algunos políticos.

"De inmediato queda claro que la decisión se tomó a favor de los intereses políticos, y no a favor de la ley al pie de la letra. Se trata no sólo de la posición de Vladimir Zelensky, sino de la del mismo Petro Poroshenko que tiene una influencia extraoficial sobre el Tribunal, porque muchos de los jueces fueron nombrados por cuota presidencial siendo el último el jefe de estado. El presidente electo tiene un alto índice de apoyo y es muy importante para él consolidar este apoyo a nivel del parlamento. Para Petro Poroshenko es importante conservar lo que tiene ahora y entrar a la Verkhovna Rada", dijo Andrei Yusov, el director de la Escuela Ucraniana de Política Responsable.

Indirectamente esta conclusión es confirmada por la reacción instantánea del ex presidente a la decisión del Tribunal Constitucional. El 20 de junio escribió en su Twitter: "En cualquier momento un verdadero político debe estar listo para las elecciones. Un verdadero estadista debe respetar la decisión del Tribunal Constitucional, cualquiera que sea y sin importar cómo la acoja".

Recordemos que el 21 de mayo V. Zelensky anunció la disolución de la Verkhovna Rada de la VIII convocatoria y el nombramiento de las elecciones parlamentarias anticipadas para el 21 de julio. La administración del presidente de Ucrania declaró que el motivo de la disolución mencionada era la ausencia real de una coalición en la Rada.

El 23 de mayo entró en vigor el decreto de V. Zelensky sobre la terminación anticipada de las plenipotencias de la Rada y el nombramiento de las elecciones parlamentarias extraordinarias. A partir del 24 de mayo en Ucrania comenzó el proceso electoral.

La presentación ante el Tribunal Constitucional de Ucrania sobre la constitucionalidad del decreto de disolución fue iniciada por un grupo de diputados de la facción “Frente Popular”. Los procedimientos constitucionales con relación a la presentación de los 62 diputados de la Rada fueron reconocidos como urgentes. El tribunal comenzó a considerarla el 11 de junio.

Los diputados que apelaron al TCU creyeron que la coalición oficialmente dejó de existir el 17 de mayo de 2019, cuando la facción “Frente Popular” anunció su retiro de la coalición. Según la ley, después del anuncio sobre la ausencia de una coalición, las facciones pueden acordar la creación de una nueva durante los 30 días. Si no aparece una nueva coalición, el presidente tiene el derecho de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, las próximas elecciones ordinarias a la Rada deberían haberse celebrado el 27 de octubre y, según la ley, la disolución del parlamento en un plazo menor de seis meses antes de las próximas elecciones es imposible. Así, según los diputados, al haber emitido el decreto sobre la disolución de la Rada el presidente violó la ley.